Llevamos más de un año en el que el principal debate de la vida política española (aparte del proceso de paz con ETA, en los últimos meses) ha sido el nuevo Estatuto de Cataluña. Se han dicho barbaridades, se ha defendido que es fundamental para los catalanes, se han escrito ríos de tinta, incluso le va a costar la silla a alguno. ¿Y todo para qué? Para que a la hora de votarlo, los catalanes, que suelen ser una gente muy participativa en política (por lo menos mucho más que otros) prefieran irse a la playa. Sólo un 50% de participación, y ahora el debate político sigue igual, unos echándose la culpa a otros.

Nadie ha ganado con este resultado. Un participación tan escasa sólo significa una cosa: la política va por un lado y la gente por otro. Nadie ponía el estatuto como una urgencia (leí hace tiempo que los catalanes lo situaban como la séptima prioridad). La gente quiere que le solucionen los problemas de verdad: el paro, la educación, la sanidad, la delincuencia... ¿A quién le importa que en el preámbulo del nuevo Estatut ponga nación, comunidad nacional o lugar en el que vive gente?

A muy pocos, a tenor de los resultados. Y si esto pasa en Cataluña, no me quiero ni imaginar la participación cuando aquí votemos el nuevo estatuto de Andalucía. Es lo que pasa cuando los políticos ponen todo su empeño en hacer algo que a los ciudadanos les da lo mismo.